Tuesday, Sep 23rd

Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el Desarrollo de Competencias

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El objetivo principal de la capacitación en la administración pública es mejorar la calidad de la prestación de los servicios a cargo del Estado, para el bienestar general y la consecución de los fines que le son propios, así como garantizar la instalación cierta y duradera de competencias y capacidades específicas en los empleados públicos y en las entidades.

Desde el año 1998, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en conjunto con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), han formulado y actualizado el Plan Nacional de Formación y Capacitación. Su propósito ha sido orientar los planes institucionales de capacitación que deben ser administrados por cada uno de los responsables del talento humano en las entidades públicas, fijando las políticas generales, las prioridades y los mecanismos de coordinación, cooperación, asesoría, seguimiento y control.

El Estado ha incluido estas políticas de capacitación dentro de la normatividad que regula las relaciones laborales de los empleados públicos con el fin de movilizar tanto la construcción de su modelo de gestión pública como sus procesos de modernización. Las prioridades temáticas y orientaciones de la política de capacitación han estado ligadas a las disposiciones del plan de desarrollo de cada gobierno, buscando responder a metas de reforma establecidas desde los órganos centrales del Estado y procurando atender al modelo de Administración Pública que en estos se propone.

Si bien este esquema ha constituido un avance en el proceso de renovación de la administración pública, ha tenido vacíos como la falta de consulta a las prioridades reales de los entes territoriales y nacionales, la falta de reconocimiento de los particulares problemas de la gestión de la capacitación, la limitación de recursos por cuenta de la restricción del gasto público de la última década, la dificultad de acceso a la información, particularmente a nivel territorial y el débil seguimiento al desarrollo de la política, entre otros. Estos vacíos han generado una brecha entre las políticas y estrategias que prescriben el funcionamiento de los procesos de capacitación y lo que realmente sucede en las entidades públicas y, por tanto, un distanciamiento entre la política y los resultados de la gestión institucional y el servicio de los funcionarios.

Ante esta realidad y para superar estas dificultades se consideró necesario avanzar en el diseño de nuevas maneras de formular la política de formación y capacitación de los empleados públicos, sus contenidos y metodología; de definir mecanismos efectivos de implementación y evaluación de sus resultados, considerando, los requerimientos y particulares condiciones de los organismos públicos territoriales y la necesidad de fortalecer el impacto de la capacitación en las entidades nacionales.

COMPETENCE le ofrece definir los lineamientos que deben orientar la capacitación y la formación de los empleados públicos, a fin de mejorar la calidad de la prestación de los servicios a cargo del Estado, para el bienestar general y la consecución de los fines que le son propios y garantizar la instalación cierta y duradera de competencias y capacidades específica en las respectivas entidades, en concordancia con los principios que rigen la función pública.

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